La asequibilidad económica (affordability) se perfila como uno de los grandes temas de las elecciones legislativas de noviembre de 2026 y, probablemente, de los próximos ciclos electorales. Sin embargo, detrás de la preocupación inmediata por el precio de los alimentos, la vivienda, la gasolina o los seguros médicos se encuentra una cuestión más profunda: la creciente distancia entre la prosperidad que genera la economía estadounidense y la capacidad de la mayoría de sus ciudadanos para beneficiarse de esta prosperidad. La insatisfacción no se deriva solo de cuánto cuestan las cosas, sino que apunta a quiénes se benefician del crecimiento económico, quiénes acumulan riqueza y quiénes tienen el poder para determinar las condiciones bajo las cuales funciona la economía.
Las encuestas reflejan la magnitud de esta preocupación. Según un estudio de Pew Research Center, el 84 por ciento de los votantes registrados considera que la economía será un factor muy importante en su decisión electoral, mientras que el 73 por ciento expresa gran preocupación por el precio de los alimentos y otros bienes de consumo; el 69 por ciento, la atención médica, y el 66 por ciento, la vivienda. En contraste, apenas el 21 por ciento manifiesta una preocupación comparable por el comportamiento de la bolsa de valores. Esta diferencia revela una desconexión fundamental entre los indicadores que tradicionalmente se utilizan para medir el éxito económico —los índices Dow Jones y SP500, el Producto Interno Bruto— y las prioridades de la población, ya sea el precio de las casas o los alquileres, el cuidado infantil o los préstamos estudiantiles.
Durante décadas, Estados Unidos ha experimentado una transformación en la distribución de la riqueza y del poder económico. La globalización, los avances tecnológicos, la concentración empresarial y el creciente peso de los activos financieros han generado enormes oportunidades de acumulación de capital, pero sus beneficios se han distribuido de manera desigual. La riqueza de los hogares más acomodados ha crecido extraordinariamente, mientras que una parte considerable de la población depende fundamentalmente de sus salarios para sostener su nivel de vida. La última encuesta de la Reserva Federal revela que, entre 2022 y 2025, el patrimonio medio del 10 por ciento de las familias más ricas aumentó un 31 por ciento, hasta alcanzar los 3.6 millones de dólares. Aunque los ingresos reales también crecieron en términos generales y la desigualdad de ingresos se redujo ligeramente durante ese período, las familias más jóvenes perdieron riqueza y aumentó la proporción de hogares con dificultades para pagar sus deudas.
Los ejemplos sobran en la vida real y afectan de manera directa no solo a las clases menos pudientes sino a una clase media que cada vez se siente más restringida en sus finanzas y agobiada por la incapacidad de prosperar. El 33 por ciento de los adultos menores de 35 años tiene que vivir con sus padres. La deuda de tarjetas de crédito alcanza el mayor nivel de la historia, mientras que la posibilidad de comprar una casa, que por décadas ha sido el principal indicador de prosperidad y seguridad para muchas familias, está en su peor momento desde el boom de precios post-COVID en el 2023. El precio medio de un coche nuevo casi llega a los 50 mil dólares y las entradas a DisneyWorld comienzan en 119 dólares por día, lo que pone el precio para una familia de cuatro por un fin de semana en casi mil dólares sin contar gastos de alojamiento y transporte (el precio medio de los pasajes en avión más baratos ha subido 23.41 por ciento en un año).
Esta desigualdad no es solamente una cuestión de ingresos o patrimonio; es también una manifestación de un poderío social desbalanceado. La concentración de la riqueza permite a una minoría ejercer una influencia económica y política desproporcionada, a través del control de las grandes empresas, los mercados financieros, las inversiones, y su capacidad para influir en las decisiones políticas. Al mismo tiempo, los trabajadores y consumidores tienen escasa capacidad individual para negociar salarios, alquileres, primas de seguros o precios de servicios esenciales. La vivienda constituye uno de los ejemplos más visibles de este desequilibrio. Quienes ya poseen propiedades se benefician del aumento de su valor, mientras quienes todavía no han podido acceder al mercado inmobiliario enfrentan una combinación letal de precios e intereses hipotecarios récord que absorbe una proporción considerable de sus ingresos. Se crea así una brecha económica cada vez más grande entre quienes poseen activos que se revalorizan y quienes deben destinar buena parte de sus ingresos a pagar por el uso de esos mismos activos. La desigualdad deja de ser únicamente una diferencia de riqueza y se convierte en una diferencia de oportunidades, seguridad económica y movilidad social. Y esto se agrava porque las diferencias son más visibles que nunca en un mundo donde la ostentación no solo es evidente sino preferida. La misma familia que tiene que endeudarse para pagar un viaje a DisneyWorld ve a otras familias que han pagado 500 dólares para saltarse la línea o que abordó el vuelo antes que ellos tras comprar pasajes de primera clase.
Esta situación tiene profundas implicaciones políticas. La frustración económica puede trascender las divisiones partidistas tradicionales porque afecta a sectores muy diversos de la sociedad: trabajadores de ingresos modestos, familias de clase media, jóvenes profesionales e incluso hogares con salarios relativamente elevados que descubren que sus ingresos ya no garantizan el nivel de vida que esperaban, y ni siquiera el de sus padres. Más allá de las divisiones ideológicas entre izquierda y derecha, el rechazo al poder económico de las élites se expresa tanto entre los seguidores más pobres del trumpismo MAGA como entre los anticapitalistas de las universidades liberales, encontrando puntos de confluencia en temas como la oposición a los monopolios, los data centers o el apoyo al nacionalismo económico.
Para estos grupos, el problema no es necesariamente la pobreza, sino la percepción de que las reglas económicas han cambiado y que el esfuerzo individual ofrece cada vez menos garantías de prosperidad. El American Dream, la promesa histórica estadounidense de que cada generación viviría mejor que la anterior, está cuestionado por casi la mitad de la población.
Que el debate sobre la asequibilidad evolucione hacia una discusión mucho más amplia sobre la distribución del poder económico significa un cambio sociopolítico sustancial en Estados Unidos. Si los preceptos del libre mercado y la acumulación de capital como motores de la prosperidad son cuestionados sobre la base de la distribución de los beneficios, qué oportunidades existen para acumular patrimonio, cuál es la capacidad de negociación de los trabajadores y hasta qué punto las grandes concentraciones de capital influyen en las políticas públicas, estaríamos viendo un acercamiento a las posiciones de la socialdemocracia europea que las clases políticas norteamericanas hasta ahora han rechazado categóricamente. La cuestión central es si una economía puede considerarse verdaderamente exitosa cuando produce enormes cantidades de riqueza, pero una proporción significativa de sus ciudadanos siente que su seguridad económica se deteriora. En ese debate podríamos ver una apertura hacia ideas como la cobertura de salud universal o la vuelta de las protecciones al consumidor que fueron derogadas por Trump y DOGE.
El gran tema político del futuro cercano en Estados Unidos se centrará en qué rama del populismo económico puede responder mejor a la necesidad de que una mayoría de los ciudadanos, especialmente los jóvenes, vuelva a sentirse partícipe de ese crecimiento, y traducir el descontento económico en propuestas concretas sobre salarios, vivienda, impuestos, competencia empresarial y poder corporativo. Esta transformación ya se refleja en el protagonismo de figuras disímiles como J. D. Vance y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes no por azar se mencionan entre los posibles candidatos presidenciales en el 2028. Vance representa la corriente conservadora que cuestiona la globalización, el poder de las grandes corporaciones y el abandono de la industria nacional, y que defiende una intervención más activa del Estado para proteger la producción y el empleo estadounidenses. Ocasio-Cortez, heredera política del movimiento de Bernie Sanders, plantea una crítica más directamente dirigida contra la concentración de la riqueza, el poder de los multimillonarios y la influencia del dinero en la política, proponiendo mayores impuestos a las grandes fortunas y una ampliación de las garantías económicas para los trabajadores. Sus propuestas son sustancialmente diferentes, pero comparten un diagnóstico: el funcionamiento de la economía no puede evaluarse exclusivamente por las métricas de Wall Street, sino también por sus consecuencias para la mayoría de la población.
En Estados Unidos, la desigualdad económica ha sido tolerada e incluso justificada como una consecuencia natural de la primacía de las libertades individuales y la competencia del mercado libre. Pero cuando sectores cada vez más amplios de la sociedad rechazan la concentración extrema de riqueza, y el poder político resultante, la desigualdad deja de ser solo un tema de justicia social para convertirse en un problema de representación democrática. Esta es, quizás, la transformación más profunda que podría producirse en la política estadounidense: una distribución del poder que permita a la mayoría ejercer una influencia real sobre las decisiones que afectan sus vidas, adquiriendo una centralidad política que rara vez ha tenido en la historia reciente del país.
