La activista política cubana fue nombrada hace solo unos días Embajadora por la Libertad para las Américas de la organización Freedom House, basada en Washington, D.C., y deja esta advertencia para sus compatriotas dentro y fuera de la isla.
La lucha por una Cuba sin dictadura no puede aislarse del paso que dicta el mundo contemporáneo. Tantas décadas de castrismo y de cubanocentrismo han fomentado cierta idea de la exclusividad. Tanto la redundancia triunfalista del régimen como el victimismo conveniente de parte de la oposición han creado la idea de que Cuba y su gente son el rojo en la diana.
¿Existe un camino pragmático para avanzar en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba sin sacrificar las demandas del pueblo cubano de «pan y libertad» ante la conveniencia de un «acuerdo» de Trump o la insistencia del régimen de La Habana en permanecer en el poder?
En medio de la mayor crisis económica en la historia contemporánea de Cuba, y sin que la presión llegara aún al extremo actual, Raúl Castro propuso en diciembre último el aplazamiento del Congreso de PCC previsto para abril de este año. Se trata de la instancia máxima, el ritual por excelencia de decisión política en el país; de modo que reina el suspense…
Esta doctrina no carece de su propia lógica interna. Identifica correctamente los fracasos del cambio de régimen tradicional. Reconoce las restricciones políticas domésticas sobre los compromisos exteriores prolongados. Explota la asimetría de poder entre Estados Unidos y las pequeñas naciones caribeñas y latinoamericanas con eficiencia despiadada.
Hay pocas certezas sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Se sabe, por supuesto, de su genealogía «real» y que por una malformación en un dedo de una mano le llaman «el Cangrejo», cosa que no le incomoda. Hasta ahora su vida pública ha consistido en aparecer detrás de su abuelo, Raúl Castro, cuidándole siempre las espaldas con una pose casi paródica de los agentes de seguridad en las películas de Hollywood.
La joven influencer cubana y su madre fueron condenadas a dos años de limitación de libertad por grabar y publicar la visita de un agente del Ministerio del Interior a su vivienda en marzo pasado.