El pasado 24 de junio, el activista y científico cubano Oscar Casanella acudió a su audiencia final de asilo político en la Corte de Inmigración de Miami, y luego de varias horas de sesión, desde la mañana hasta la tarde, el juzgado no emitió ningún veredicto. Según trascendió a través de sus abogadas, Kenia García y Eliany Aquiles, la jueza emitirá por escrito la decisión final el próximo 11 de julio, luego de recibir un sumario o resumen del caso por parte de la defensa.

La restricción para los cubanos, que no afecta a residentes permanentes ni a quienes ya optaron por la ciudadanía estadounidense, pero probablemente sí a personas con visados aún vigentes, suspende específicamente la emisión de las visas B-1, B-2, B-1/B-2, para turismo y negocios, y F, M y J, académicas, estudiantiles y becas.

Entre cientos de miles de cubanos que hoy permanecen con estatus migratorio irregular en Estados Unidos, hay activistas políticos y opositores en el exilio (y también familiares suyos) —como Lázaro Yuri Valle Roca, exprisionero de conciencia, o Daniela Patricia Ferrer Reyes, hija de José Daniel Ferrer— que temen especialmente un retorno obligatorio al país natal.

En pleno fuego cruzado de órdenes ejecutivas y decisiones en las cortes respecto a la legitimidad de la actual política migratoria, activistas políticos cubanos que no han podido ajustar su estatus en el país norteño tienen ante sí un panorama de incertidumbre.

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