En dos ciclos electorales consecutivos, los votantes americanos han votado en busca de estabilidad. En 2020, votaron por Joe Biden para que trajera estabilidad política luego de cuatro caóticos años de Donald Trump y la pandemia de Covid. En 2024, motivados mayormente por la inflación de la cual culpaban a un presidente envejecido que se retiró de la contienda demasiado tarde, votaron por la estabilidad económica. Estos simples preceptos son muchas veces malentendidos por el presidente y el partido triunfantes, quienes suelen confundir las promesas de campaña con la realidad de gobernar, ansiosos por dejar una marca duradera en la historia política del país.

Durante su mandato, Joe Biden, creyendo que lo había elegido para que se volviera presidente con un fin transformador al estilo de Franklin Delano Roosevelt o Lyndon Johnson, se excedió en el uso del poder ejecutivo para avanzar una agenda regulatoria que le permitiera pasar por alto a un Congreso hostil—por ejemplo, al tratar de eliminar los préstamos estudiantiles—, mientras minimizaba o ignoraba problemas reales en la economía y la política migratoria. Donald Trump, con su característica tendencia a mentir, ha declarado que los votantes lo eligieron para que llevase adelante un mandato contundente, exagerando su margen de victoria, que en realidad es el más pequeño (1.5 por ciento) de los últimos 60 años.

La primera predicción, entonces, es que Trump va a extralimitarse en su uso del poder y esto va a provocar una reacción adversa entre votantes que quieren soluciones rápidas a la economía, no cuatro años más de rencores políticos y venganzas mezquinas. Trump ni siquiera ha empezado su segundo mandato y ya ha mostrado sus intenciones de gobernar con las mismas tendencias caóticas con que lo hizo antes: desde nombrar a personajes leales como Hegseth o Patel a posiciones claves para las cuales no están capacitados (por suerte varios senadores lograron que Matt Gaetz se retirara de la posición de Fiscal General, antes de que saliera a la luz un reporte muy dañino del comité de ética del Congreso), hasta provocar con declaraciones absurdas como que Canadá se convertiría en el estado 51 si no cerraba sus fronteras o que reconquistaría el canal de Panamá.

Los aranceles prometidos durante la campaña de Trump, como castigo económico a los países que se nieguen a obedecer sus demandas, no van a poder implementarse en las cantidades excesivas referidas, a saber: 50 por ciento, 100 por ciento y 200 por ciento. La mayor razón es que los aranceles suben precios internos y dañarían de manera inmediata a un consumidor acostumbrado a productos baratos importados y muy sensibles a las variaciones de precio. La oficina de análisis financiero del Congreso ya ha anunciado que los aranceles de Trump reducirían el crecimiento económico y aumentarían la inflación, precisamente lo opuesto a lo que los votantes quieren. Los aranceles, además, fueron poco efectivos en su primer mandato, incumpliendo las promesas de repatriación de trabajos. Por último, estos aranceles excesivos constituyen una guerra económica contra tres países claves para el comercio estadounidense y violarían el tratado USMCA (firmado por el mismo Trump en el 2020), lo que traería demandas judiciales por parte de las empresas perjudicadas.

La promesa de deportaciones en masa de emigrantes indocumentados también resulta muy difícil, si no imposible de cumplir, dado el coste y las consecuencias económicas de una operación de ese tipo. En dependencia de la cantidad de personas a deportar, el coste se estima entre 300 y 900 billones de dólares, una cifra tan astronómica que representaría más de cuatro veces el presupuesto del ejército norteamericano, ya de por sí el más grande del mundo. Solo a manera de ejemplo: los presos y detenidos en todas las cárceles de Estados Unidos suman dos millones de personas, y construir campos de detención para el 25 por ciento de los indocumentados ya significaría más del doble del número de reclusos. No debe extrañarnos que Tom Homan, designado por Trump para llevar a cabo la operación, ha dado hasta ahora respuestas vagas cuando le han preguntado de dónde vendría el presupuesto para esta estrategia.

Luego habría que añadir el costo económico de remover millones de personas que, indocumentados o no, son claves para la actividad económica interna. Dos terceras partes de los indocumentados han vivido y trabajado en el país por más de una década. Contrario a lo que creen muchas personas, los indocumentados sí pagan impuestos: casi 100 billones de dólares en 2022. Esta cifra, incluso con lo alta que es, palidece si la comparamos con los 250 billones de dólares que los indocumentados gastan en productos y servicios y con los 1.6 trillones de dólares que generan en actividad laboral.

También podemos predecir el fracaso de la pseudo-agencia DOGE, encabezada por Elon Musk y Vivek Rasmawany, quienes pretenden eliminar dos trillones de dólares del presupuesto estadounidenses, con ideas tan subversivas como imposibles: eliminar agencias enteras incluyendo al IRS, desmontar la Reserva Federal, privatizar el servicio de Correos y eliminar un sinnúmero de programas menores. Estas iniciativas, y otras que han lanzado Musk y Ramaswany, no alcanzarían ni el 20 por ciento de sus objetivos por una razón muy simple. Aun si dejaran al gobierno federal con un mínimo de recursos, el 60 por ciento del presupuesto va dirigido hacia los gastos de defensa y los pagos de Social Security y Medicare. Trump ha prometido no tocar estos programas, pero si se retractara, los gastos de defensa son cuasi sagrados en Estados Unidos. A su vez, cortar el Social Security o el Medicare supondría un suicidio político, ganándose el rechazo del 80 por ciento y el 67 por ciento de los ciudadanos, respectivamente. La estructura de DOGE, entendida como una «agencia de recomendaciones» fuera del gobierno y sin autoridad para ejecutar ninguno de estos recortes, indica que se trata más bien un ejercicio populista sin esperanzas de efectividad. Aquí valdría otra predicción: Trump va a distanciarse de Elon Musk tan pronto como le resulte conveniente y va a culparlo del fracaso de tales promesas insostenibles.

Estos tres temas, los aranceles, la deportación y los recortes drásticos al gobierno, fueron las mayores promesas de la campaña de Trump. Notablemente, ejecutar los tres golpearía muy duro a la economía a corto plazo (el mismo Elon Musk lo ha admitido). Si Trump quiere tener un mandato efectivo, tendrá que aceptar la estabilidad como un objetivo más modesto: continuar el crecimiento económico, ajustar la inflación y estabilizar la emigración. Si, por el contrario, decide creer que tiene carta blanca para echar adelante sus promesas, encontrará una dura oposición dentro del gobierno, en el Congreso (aunque esté dominado por los republicanos), en las cortes y en los votantes de las elecciones intermedias de 2022.