Poco antes de las siete de la noche, una veintena de artistas llega al Consejo Nacional de Artes Plásticas (CNAP). En la calle hay fogatas encendidas y las caldosas típicas que celebran la víspera del aniversario de los Comité de Defensa de la Revolución.

Un grupo de funcionarios espera en el Consejo, pero solo a los firmantes iniciales, por lo que han decidido que la reunión va a efectuarse en una pequeña sala de un piso superior, donde difícilmente caben más de diez personas.

El patio del Consejo es grande, y entre bancos y sillas alcanza para todos. Con la excusa del calor, los asistentes se trasladan ahí y encienden cigarros. Exigen que la reunión se haga en el patio, con todos, o en ninguna parte. Los funcionarios deciden bajar y sobre las 7:30PM comienza el debate.

Los representantes de la institución son Fernando Rojas y Guillermo Solenzal, ambos Viceministros de Cultura; Norma Rodríguez, Presidenta del CNAP; Lesbia Vent Dumois, Presidenta de Artes Plásticas de la UNEAC; Elmo Fernández, Presidente de la Fundación Ludwig de Cuba; Jorge Alfonso (Chicho), Director de Galería Habana; José Ángel Hernández, Vicepresidente del CNAP; Jorge Fernández, Director del Museo Nacional, además de una funcionaria llamada Judith, asesora jurídica del Ministerio, y un miembro de la AHS cuya presencia es simbólica.

Fernando Rojas toma la palabra y luego Abel González solicita una nueva lectura de la carta, dado que han añadido dos puntos más y se han sumado nuevos firmantes. Después de que Camila Gutiérrez concluya la lectura, y el Chino Novo pregunte, sin obtener respuesta, quién elaboró el decreto, y si alguno de los presentes participó en la redacción, Rojas habla de la distinción entre los artistas profesionales y amateurs y dice que eso sucede en muchos países. Que en las economías desarrolladas la distinción la establece el mercado, y que Cuba es signataria de todas las convenciones culturales de la UNESCO.

Luego Rojas elogia el sistema de enseñanza artístico en Cuba y sus 37 escuelas. Dice que el acceso a los estudios es democrático y regala algunas cifras: decenas de miles de instructores de arte, millones de artistas amateurs, un centenar de agrupaciones portadoras de la cultura popular. “La idea de que el amateur tiene algún obstáculo en la expresión cultural cubana no es una idea correcta”, comenta. El monólogo dura varios minutos. Rojas se muestra perplejo con los cuestionamientos al Registro del Creador.

Por su parte, Elmo Hernández aclara que el gobierno, cuando aprobó el Registro, estaba reconociendo la respetabilidad del artista como profesional. Ítalo Expósito responde que no es ese documento el que hace respetable a un artista en la sociedad. Los ánimos se caldean. Abel llama a la calma.

Lester Álvarez comenta que el Registro, un mecanismo de regulación económica, se está usando con fines de control ideológico, lo cual lo convierte en un instrumento represivo. Rojas, quien muchas veces hace caso omiso a estas intervenciones, sigue su guion. Habla del pasado, y Kiko Faxas dice que la discusión no trata sobre “la historia del arte amateur en Cuba o del Registro del Creador. O sea, la historia puede ser la que fue, puede haber tenido muy buena voluntad. Lo que a nosotros nos preocupa es precisamente el decreto”.

El caso de Ítalo, graduado de San Alejandro, profesor de esa escuela durante diez años, y cuya licencia fue retirada luego de participar en la #00Bienal, sale en la conversación y Rojas comenta que no se puede discutir en ese momento el caso de Ítalo o van a pasarse todo la noche en el asunto.

Chicho pide la palabra, el Chino Novo discrepa, Julio Llópiz sugiere que vuelvan a concentrarse en la letra del decreto y en su ambigüedad manifiesta. La participación de los demás funcionarios, hasta el momento, es anecdótica. Rojas lleva el peso del debate.

Justo ahí el Viceministro anuncia la futura legislación sobre los espacios privados que han ido surgiendo: las galerías, los estudios de grabación, las salas de teatro, los locales de música. “En todo eso se está avanzando con el propósito esencial de que puedan estar dentro de la ley”. Luego se dedica durante un rato a desgranar el decreto 226 de 1997, al que califica como “el decreto contra el intrusismo profesional”.

Lester interviene para expresar su desacuerdo, no cree en eso. Rojas contrataca con que es un mecanismo para defenderlos a ellos, a los artistas. Todos están de acuerdo en que no necesitan que los defiendan de nadie. Los amateurs, entendido esto como los artistas que no pasaron por ninguna academia, no son intrusos.

A estas alturas, Jorge Fernández, director del Museo Nacional, entra por primera vez en escena con una reflexión teórica sobre lo que es arte y lo que no. Le parece un fenómeno muy complejo, sobre todo a la hora de “escribirlo en un papel, redactarlo y convertirlo en un decreto, ya que hay que tener muy claro cómo se enfoca eso, porque realmente lo que puede generar es una confusión…”

Luego habla de la incapacidad de los espacios estatales para acoger a la cantidad de artistas que ha formado el país, y señala que hay galerías independientes muy buenas, como El Apartamento, que no juegan a “la politiquería barata” a pesar de tener obras críticas. Que a esa galería, por ejemplo, hay que apoyarla.

–El Ministro de Cultura –añade Fernández– está en la mejor disposición de dialogar, porque puede resultar contradictorio que el país esté convocando a un debate público sobre una constitución y que el decreto, que no llega a ser una ley, no se discuta con ustedes (…) Habrá que pensar cómo estructurar esa política, cómo arreglamos esto, pero lo que sí pasa es que no podemos seguir abriendo cosas que estén en un limbo legal.

–Estamos refiriéndonos a un decreto que habla de política cultural, contravenciones, regulación de contenidos, multas, inspectores. O sea, hay un nivel de agresividad en esas palabras –responde la artista Celia González–. Esto se va a aplicar en diciembre, lo cual implica que el Arsenal, el Apartamento y la casa de Solveig, que son tres espacios no estatales representados aquí, por el momento no se sabe cómo quedarán. Nos estamos arriesgando a tener multas, a que nos decomisen, es decir, estaremos expuestos a un nivel de agresividad alto que depende además de un inspector que llegue y decida cerrar o diga que tu obra tiene un problema de contenido que infringe las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural. ¿Qué cosa es eso? Es muy fuerte que se legisle de esa forma, porque antes, en el 97, se hablaba de espacios públicos, pero ahora estamos hablando de espacios no estatales y esto nos cierra las puertas porque ya está en la Gaceta.

En ese momento, Norma Rodríguez pide que Judith, abogada del Ministerio, explique las normas complementarias necesarias para el funcionamiento del decreto. Pero la abogada, que reconoce no ser especialista en artes visuales, se enreda con los conceptos y no puede aclarar muchas cosas, salvo que la obra no se puede comercializar si el artista no tiene el Registro del Creador.

La reunión avanza en espiral. Pasa el tiempo y los participantes se agotan y sienten que el diálogo no va a ninguna parte. Los funcionarios son incapaces de defender la letra del decreto y, en la mayoría de los casos, intentan negarla, o argumentar que se va a resolver de otro modo, o que no es tan grave como parece.

Lester Álvarez, en una larga intervención, resume sus preocupaciones: la politización del Registro del Creador, la ambigüedad en la letra del decreto y la discrecionalidad con que sospecha se podría aplicar, principalmente hacia los artistas con una posición política más explícita. En ese sentido Camila, estudiante del ISA, pide una reescritura más clara del texto.

Fernando Rojas, en cambio, vuelve una y otra vez sobre lo que llama intrusismo profesional, tal vez intentando llevar la discusión hacia ahí, cosa que no consigue del todo.

Cuando se debate sobre el artículo 3.1, referente a los contenidos, el Viceministro, quizá aprovechando que los presentes son artistas de la plástica, comenta que esas regulaciones son exclusivas para los audiovisuales. Ellos responden que les interesa en la medida en que hacen videoarte, que es audiovisual también.

Una de las normas complementarias, aclara Rojas, establece que el inspector no puede actuar a priori, sino después de escuchar el criterio de la institución cultural. Esto, le señalan entonces, negaría completamente el artículo 5.1, lo que sería, a todas luces, una chapucería.

El debate continúa. Rojas, a modo de conclusión, dice que prometer el cambio de alguna letra en el decreto sería una irresponsabilidad. Ninguno de los presentes tiene esa facultad, pero van a elevar las inquietudes expresadas. Luego dice que ellos, los funcionarios, van a seguir manejando este tema con seriedad, y que los artistas deben, en los meses sucesivos, tener un comportamiento a la altura. Que eso es importante para mantener el diálogo, ya que ellos son muy reactivos cuando se daña a la institución.

A continuación, Abel intenta resumir los desacuerdos más importantes del grupo de artistas, quienes por lo visto se van a ir esa noche sin respuestas convincentes. Rojas insiste en que algunos de los desacuerdos no están en el decreto. Los artistas le rebaten. Elmo comienza a hablar sobre la forma, el contenido, la censura y termina debatiendo sobre el poder.

Jorge Fernández, a su vez, diserta durante un largo rato sobre Hermann Nitsch y Andrés Serrano, que han expuesto en Cuba con más facilidad que en otros países, y de la necesidad de un museo de arte contemporáneo. Dice que el decreto, evidentemente, tiene problemas y debió ser discutido antes con los artistas, que las instituciones no podían estar regidas por inspectores, y que el día que eso sucediera él dejaría de dirigir el Museo Nacional.

Durante los pocos minutos que restan, Elmo llama a la unidad: “Que salgamos bien de esto es responsabilidad de todos juntos. Créanme que todos los que estamos aquí queremos lo mismo. Entonces hay una manera de hacerlo, la manera de hacerlo es actuando sin diferenciar entre ustedes y nosotros. Aquí no hay ustedes y nosotros. Yo no me siento, hablando con ustedes, como si yo fuera algo distinto de ustedes”.

Leandro, diplomáticamente, desestima el argumento. José Ángel Hernández, quien está sentado tan lejos que parece una especie de custodio, interviene por primera vez. Dice que los creadores también tienen derecho a otra opinión. Nadie entiende.

–Mi experiencia personal es que no soportan una sátira en el mismo tono de lo que estaban planteando y vino la censura pública y la ofensa pública –prosigue–. Entonces es algo, que para respetar la alteridad hay que empezar por respetar la alteridad. Y tiene que venir en la opinión de muchos, que generalmente es contradictoria. Y ustedes tienen que admitir, porque la carta es mucho más ofensiva que lo que pudiera ser el decreto en la interpretación que ustedes hacen.

Si no fuera por el agotamiento de más de tres horas de diálogo, todos habrían quedado estupefactos. La carta no es ofensiva. Elmo sigue hablando de la unidad hasta que Norma propone dar por terminada la reunión. El Viceministro Guillermo Solenzal nunca dice nada.

Sachie Hernández y el deber

Tiene 46 años y ha pasado por muchos lugares a lo largo de su vida. Pasó por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), pasó por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego llegó al mundo del arte, donde dirigió la Galería Servando Cabrera y el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales.

Ahora Sachie es galerista del espacio de arte independiente El Arsenal. También a ella llegó la carta, a través de Liatna, una de sus compañeras de trabajo.

–Desde el principio no me gustó el espíritu de ese decreto –me dice–. La terminología que se usa es altamente punitiva, como de código penal, hay como una criminalización de la actividad artística.

La carta, en cambio, si le parece bien redactada, pues refleja parte de las dudas y los cuestionamientos que ella misma tenía sobre el decreto. Con la carta, Sachie entra en un proceso de análisis más profundo sobre el decreto, y después de una tarde y una noche pensando si firmar o no, decide que sí.

–Al final te pasas la vida haciendo concesiones y llega el momento en que dejas de ser tú –dice–. Te empiezas a separar ética y profesionalmente de tus intereses. Se me activó una cosa cívica, mi responsabilidad social. Pensé en Martí, aunque suene romántico, manido, cheo. Pensé que no me podía alejar tanto de las preocupaciones sociales que tengo. Si estoy aquí, y quiero incidir en algo mínimamente, no puedo mantenerme al margen.

Le aterra pensar en un contexto de circulación, promoción y exhibición de arte controlado de acuerdo a los contenidos y con la presencia amenazante de la figura del inspector, cuando ha disminuido ostensiblemente el nivel de los cuadros dirigentes de las instituciones culturales.

–Este decreto es una revalorización de la fobia contra todo lo que signifique independencia y autonomía desde el punto de vista económico y, obviamente, político –comenta–. Ya no pueden seguir gobernando al país de esa manera. Basta de decir que tienen la verdad y que nadie se las puede rebatir. Hay que construir los nuevos consensos de la sociedad cubana.

Sachie firma la carta justo el 27 de septiembre en la mañana, horas antes de la reunión con los funcionarios, y, según cuenta, siente miedo, sobre todo cuando el grupo llega al encuentro, porque en otra época ella habría estado del otro lado, y conoce la desconfianza y la suspicacia propia de quienes se encuentran en esa posición.

–Me da mucha tristeza, porque es miserable la postura del estado con la nación. No confían en las personas que han formado aquí. Yo siento que hay una profunda desconfianza del poder hacia el pueblo –concluye–. Pero ellos sí quieren que nosotros sigamos confiando. Y no confían siquiera en quienes nos hemos quedado en Cuba, con miles de contradicciones, pero formando parte de este modelo que ha sido social, educativo, cultural.

Luis Manuel, el artivista

Una mañana de julio el timbre del celular despierta a Luis Manuel Otero. Omar Cardoso, periodista de Radio Martí, lo llama para pedirle su opinión acerca del Decreto 349. En ese momento, todavía no ha leído el documento con rigurosidad, pero ya tiene alguna idea al respecto. De todos modos, Luis Manuel le dice a Cardoso que el decreto es una mierda que ataca a los artistas. Poco después se levanta dispuesto a leerlo completamente.

–Es una aberración. El decreto sale a partir de la #00Bienal –me dice Luis Manuel una tarde de septiembre mientas conversamos en un bar cerca del parque El Curita–. En los últimos años el sistema cubano ha intentado dar una imagen de apertura, por lo que se han autorizado a nivel económico pequeños espacios como estos bares, donde puede venir un músico a tocar. Ya ese músico no tiene que ir obligado a desfilar al 1 de mayo, porque quien le paga es el dueño del bar. Ya no tiene que defender a un sistema porque puede sobrevivir sin él –explica.

Siguiendo esa lógica, Luis Manuel habla de los reguetoneros, que graban en estudios artesanales y luego pasan sus canciones de memoria flash en memoria flash, de celular en celular, y no necesitan de los medios estatales para difundir sus obras.

–Con las galerías privadas pasa igual, no tienen que responder a ninguna ideología. El 1 de mayo esos artistas están en Europa. No pueden ser chantajeados con el dinero, tienen su economía independiente. Entonces la política cultural ahora busca un mecanismo para controlar al sector.

La estrategia de Fidel Castro, según Luis Manuel, solía ser más creativa, pues buscaba válvulas de escape: becas para que los artistas incómodos salieran del país, o entretenía a la gente con proyectos, muchas veces fracasados, como los instructores de arte o los maestros emergentes.

–Pero los que están ahora no tienen esa imaginación y quieren gobernar a huevos, creyendo que las estructuras represivas históricas van a seguir funcionando. Entonces un grupo de artistas dijimos no.

Algunos de esos artistas son Michel Matos, Yanelis Nuñez, Aminta de Cárdenas, Amaury Pacheco, Soandry del Río, Nonardo Perea, David de Omni. Casi todos terminaron frustrados con las instituciones después de muchos encontronazos y múltiples decepciones.

Luis Manuel encabeza al grupo. Es el más joven y, tal vez por eso, el más enérgico también. Aunque ya muchos de ellos se conocían desde antes del decreto, ha sido precisamente la rabia ante esta arbitrariedad la que los ha unido en los últimos meses.

Lo primero es el performance en el que se untan de excrementos frente al Capitolio, “porque así era como nos sentíamos nosotros, como una mierda”. Después pasan a gestos de corte más cívico, como entregar cartas al Ministerio de Cultura o a la Asamblea Nacional, y simultáneamente realizan otras acciones en la calle y en el Museo de Arte Políticamente Incómodo (MAPI), que se encuentra dentro de su casa.

El 11 de agosto planifican un concierto ahí, pero la policía detiene a Yanelis, luego a Luis Manuel, e intentan detener también al resto de los participantes. Los vecinos salen a la calle. Se posicionan, en su mayoría, a favor de los artistas, y filman las detenciones. Cuatro días más tarde sí realizan el concierto sin contratiempos.

Casi un mes después, el 12 de septiembre, el grupo publica en la propia sede del MAPI el Manifiesto de San Isidro, donde expresan su rechazo al decreto y hacen un llamamiento al diálogo.

“No estamos convocando ni a la anarquía ni a la confrontación, deseamos el diálogo y el entendimiento, anteponemos siempre hablar con las autoridades a recibir sobre nosotros mismos la represión autoritaria, como claramente pudo verse en los sucesos del Barrio de San Isidro el pasado 11 de agosto. Ninguna acción cultural, jamás, debería ser motivo y razón para la represión policial y el abuso de autoridad”, se lee.

“Llamamos a nuestra contraparte institucional a que nos escuche y nos comprenda, que acepte un diálogo que solo podría traer paz y estabilidad a la nación en las horas del futuro. A que entienda que muchos cubanos están listos para asumir la parte de responsabilidad que les corresponde como hijos legítimos de la nación…”

Luis Manuel me dice que al comienzo ellos eran apenas un grupo de artistas, pero que ahora son un movimiento con preocupaciones que pasa por la cultura, la política, el futuro de Cuba, la democracia o los derechos de la comunidad LGBTIQ.

Cree que les quieren meter miedo, pero que no van a poder, que ya están comprometidos. También me dice que él es un hombre feliz que tiene sus problemas resueltos y que por eso siente la obligación de ayudar a los demás.

Así se define:

–Prefiero estar en una prisión con mi mente en paz que en mi casa tomando una cerveza que me sabrá a agua salada.

La Carta (IV)

Luego de la reunión una parte de los artistas sigue a casa de Solveig Font, galerista presente en el debate. Después de más de tres horas en que tuvieron que medir cada palabra dicha, ahora los firmantes, desparramados por el suelo, a veces gritan y a veces ríen, mientras comentan diferentes momentos del intercambio. Alguien dice que la única forma que tuvieron los funcionarios de defender el decreto fue negándolo, evadiendo los asuntos más peliagudos. Se respira cierta sensación de victoria.

Han abierto un canal de diálogo. Pequeño, pero canal al fin, y quieren aprovecharlo en la medida de lo posible. Días después, a la espera de una nueva respuesta de la institución, el artista Adrián Melis comenta en un post de Tania Bruguera en Facebook que hubo un debate reciente con funcionarios de Cultura y cuelga una foto del momento.

El 4 de octubre, Amaury Pacheco republica la foto en su muro de Facebook, encabezada con la siguiente frase: “30 Artistas Cubanos se reúnen en el Consejo de las Artes Plásticas para reclamar la derogación del Decreto 349!!!!”.

Henry Eric, uno de los artistas asistentes a la reunión, hace en el post de Amaury un comentario muy crítico con los funcionarios. Los llama burócratas y afirma, entre otras cosas, que no tienen deseos de dialogar ni de enfrentar la raíz del problema. Menciona el caso de Ítalo. También pide a quienes grabaron la reunión que socialicen la transcripción para que se sepa por dónde van los tiros.

Un día después Diario de Cuba publica un texto titulado “Unos 30 artistas reclaman la derogación del Decreto 349 en el Consejo de las Artes Plásticas”, donde citan el post de Pacheco y el comentario de Henry Eric. El 9 de octubre aparece otro artículo en Cubanet: “Artistas cubanos piden audiencia pública sin exclusiones”.

Ante estos hechos, que varios firmantes consideran filtraciones muy difíciles de evitar, Abel González llama a Norma Rodríguez y, después de una reunión en casa de Alejandro Campins, el grupo envía una nota aclaratoria al email de Norma para que ella la reenvíe al Ministro de Cultura. Norma dice lamentar que los artistas estén pidiendo una fecha para la respuesta definitiva, sin tener en cuenta los debates que ya han sostenido. Además, expresa su preocupación luego de que algunos de los participantes del último encuentro “hayan publicado versiones tergiversadas del mismo en medios hostiles a las instituciones de la Revolución”.

La siguiente reunión es el 17 de octubre, en casa de Solveig. Se discute cuál es el próximo paso, pues el plazo de 15 días que le habían propuesto al Ministerio ya ha expirado. Se decide entregar una nueva nota aclaratoria al Ministro de Cultura, esta vez personalmente, junto a la carta. En la nota reiteran sus peticiones y dicen temer que la institución pueda utilizar la publicación de algunos artículos sobre la reunión en la prensa independiente como argumento para deslegitimar el debate.

Claudia Calviño, el sueño de la razón…

Es un nombre cada vez más recurrente e importante dentro del cine cubano de los últimos años. Esta muchacha de 35 años, a quien le gusta definirse como productora independiente, trabaja desde 2006 en Producciones de la 5ta Avenida, una especie de grupo creativo asociado al cine, fundado por Inti Herrera y Alejandro Brugués.

Desde ahí, Claudia ha dirigido la producción de películas como Juan de los Muertos, Melaza o Santa y Andrés. Recientemente se presentaron, casi al unísono, sus dos últimos filmes: El viaje extraordinario de Celeste García, primer largometraje de Arturo Infante, y Yuli, película biográfica del bailarín Carlos Acosta, dirigida por la española Iciar Bollaín.

Claudia es también una de las cineastas que ha firmado la carta contra el decreto, y tiene la sensación de que “hay una serie de peticiones de los cineastas que se suponía que dentro de poco tiempo iban a ser aprobadas y este decreto lo que está haciendo es prohibirlas. No entiendo cómo, si llevamos tanto tiempo de diálogo, ahora aparecen con esto”.

En su opinión, la discusión no debe enfocarse en un punto u otro de esta legislación, “sino de que se sienten a escribir un nuevo decreto, desde el inicio, en función de un diálogo con los creadores”.

Las regulaciones de contenidos, estipuladas exclusivamente para el audiovisual, parecen exageradas. Claudia es un poco paranoica, eso no lo niega, pero desde que leyó el decreto no puede sacarse de la cabeza una escena de Santa y Andrés.

–¿Qué hubiese pasado si la película saliera mañana, y alguien dijera que el himno está mal utilizado? Nos podrían acusar de uso indebido de los símbolos patrios –dice.

En 2017, tras la censura de la película, Claudia decidió programar proyecciones en su casa. Primero para los miembros del equipo de realización y los actores. Luego para amigos y otros interesados. A partir del 7 de diciembre, tal cosa podría considerarse un delito.

–Una cosa es que el Instituto de Cine, que controla la exhibición, decida que no se puede poner una película en sus salas de cine, y otra que yo no la pueda poner en mi casa, a riesgo de penalización –advierte.

La Carta (V)

En la mañana del 19 de octubre unos veinte miembros del grupo entregan nuevamente la carta en el Ministerio de Cultura. Una secretaria del Ministro –pues este se encuentra reunido– recibe el documento, pero el grupo decide esperar a que al menos Alicia, la Jefa de Despacho, les firme una constancia de recibo.

Después de 40 minutos de espera, aparece finalmente Alicia, con muy mal carácter, según recuerdan los presentes. Acto seguido se topan con Norma Rodríguez, quien en un tono bastante fuerte les pregunta qué hacen por allí. Los escucha y luego se marcha, muy seria.

El viernes 26 de octubre el grupo se encuentra nuevamente. Ya los ánimos han caído mucho. Ha pasado un mes desde la reunión en el Consejo y no han obtenido respuesta alguna. Acuerdan enviar la carta al Presidente de la República contándole lo ocurrido y reiterando sus peticiones y dudas. Así, el 31 de octubre entregan una copia en las Oficinas de Atención a la Población del Comité Central.

En noviembre se reúnen dos veces más. Deciden entonces publicar la carta, que ya cuenta con más de 100 firmantes, y en la tarde del pasado 20 de noviembre el grupo envía un dossier a diferentes medios de prensa con cada uno de los documentos redactados en este tiempo y una breve introducción al asunto.

Un día después, finalmente, la carta se da a conocer con el objetivo de sumar más firmantes y de colocar de una vez este debate en el lugar que le corresponde por naturaleza: el espacio público.

Puedes leer la primera parte de «Una carta contra el 349» en el siguiente enlace.